La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó la postura del Gobierno de México ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve ciudadanos mexicanos. Su mensaje, leído en conferencia matutina, se resume en tres principios: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.
Cronología del proceso
El 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Al día siguiente, la dependencia turnó la documentación a la Fiscalía General de la República, autoridad competente para evaluar las solicitudes conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las leyes aplicables.
El mismo 29 de abril, el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra los diez ciudadanos. La presidenta señaló que la difusión pública del documento llevó a un extrañamiento por parte del jurídico de la SRE, dado que los procesos de extradición son confidenciales conforme a los tratados internacionales.
Posición del Gobierno de México
La presidenta enfatizó tres elementos centrales:
- Verdad: la Fiscalía General de la República analizará la documentación y abrirá investigación para verificar la existencia de datos de prueba que sustenten una eventual orden de aprehensión.
- Justicia: si la FGR encuentra pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, se procederá bajo la jurisdicción nacional.
- Defensa de la soberanía: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.”
Marco legal aplicable
La mandataria recordó que el sistema penal acusatorio mexicano exige la presentación de datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona haya cometido un delito antes de que se libre cualquier orden de aprehensión. Subrayó que el Gobierno de México no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero tampoco aceptará imputaciones sin sustento probatorio.
Sobre el material adjunto
Durante la conferencia, la presidenta exhibió el documento que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anexó como prueba, el cual contiene alias y referencias indirectas, sin elementos detallados de carácter probatorio. Señaló que, si las pruebas resultan insuficientes, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Funcionarios señalados
La acusación incluye al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a exfuncionarios estatales de seguridad y finanzas y a tres personas identificadas por sus alias.
