- La reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las pensiones de exfuncionarios públicos completó su proceso de ratificación constitucional.
- El nuevo tope fija el máximo en 70 mil pesos mensuales, frente a casos documentados de hasta un millón de pesos al mes.
La reforma constitucional que establece un límite a las pensiones de exfuncionarios públicos obtuvo la ratificación de 18 congresos locales, cumpliendo el umbral necesario para adquirir vigencia plena. A partir de su entrada en vigor, ningún exfuncionario podrá percibir una pensión superior a 70 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario neto de la Presidenta de la República. Antes algunos cobraban hasta un millón. Catorce veces más.
El diagnóstico que motivó la reforma Los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno documentan la magnitud del problema. En Luz y Fuerza del Centro, empresa liquidada en 2009, se erogaban anualmente 28 mil millones de pesos para cubrir pensiones de poco más de 14 mil extrabajadores. De ese universo, más de 3,500 percibían montos superiores al sueldo neto de la titular del Ejecutivo Federal.
En Pemex, el padrón de 22,316 jubilados incluía 544 casos con percepciones superiores a las de la Presidenta, y 618 que superaban el salario anual del director general de la empresa. En términos agregados, Pemex destinaba 24 mil 844 millones de pesos anuales al pago de estas pensiones.
La propia Presidenta Sheinbaum calificó estas pensiones como ofensivas para el pueblo de México, al tratarse de recursos del erario sin justificación proporcional al cargo desempeñado.
Contexto y magnitud de la desigualdad
El contraste con el sistema general de pensiones es significativo. Mientras millones de trabajadores mexicanos se jubilan con percepciones de dos o tres mil pesos mensuales, un segmento de exfuncionarios del llamado periodo neoliberal accedió a esquemas de retiro extraordinariamente superiores dentro del mismo sistema público. El mismo sistema, resultados completamente desiguales.
Mecanismo voluntario y perspectiva fiscal
Paralelamente a la obligatoriedad de la reforma, el gobierno habilitó una vía de negociación voluntaria: quienes perciban pensiones por encima del nuevo tope pueden acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo antes de que la medida surta plenos efectos de forma coercitiva.
En términos fiscales, la reforma representa un reordenamiento del gasto en seguridad social para el sector público, con potencial de liberar recursos significativos hacia programas de mayor impacto social: salud, educación e infraestructura. La medida se inscribe dentro de la agenda de austeridad republicana que ha caracterizado a la actual administración.
