La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde aclararon este jueves 1 de octubre en la conferencia matutina desde Palacio Nacional que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobada el 30 de septiembre por el Senado y conocida como “Ley Antimemes”, no prohíbe los memes. La reforma castiga el uso comercial de la identidad oficial del gobierno con fines fraudulentos.
“La supuesta Ley Antimemes no prohíbe ningún meme. Es la ley de defensa de los autores, del derecho de autor, no tiene que ver con memes”, expresó Sheinbaum.
Lo que establece la reforma
El nuevo artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece una sanción de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación y con intención de cometer un ilícito.
Las dos condiciones para que haya delito
Primera: el uso debe hacerse a escala comercial, es decir, con fin de beneficio económico directo o indirecto.
Segunda: debe existir la finalidad de engañar sobre el origen oficial de la comunicación con intención de cometer un ilícito (fraude en particular).
Lo que queda fuera
La consejera Luisa María Alcalde fue explícita: “Nada tiene que ver con los memes. No habla de críticas, de memes, de sátira. Aquí lo que se está regulando es la piratería y el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito”.
La sátira política, la parodia, la crítica al gobierno y el contenido humorístico reconocible como no oficial no entran en el supuesto del delito.
El ejemplo citado por la presidenta
La mandataria mencionó como ejemplo concreto el uso fraudulento de su propia imagen en redes sociales para promover supuestas cuentas de inversión que resultan ser fraudes contra la ciudadanía. Dicha conducta no estaba tipificada como delito antes de la reforma, lo que impedía la sanción y la restitución del dinero a las víctimas.
Perspectiva institucional
La reforma forma parte de un paquete de modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial impulsado por la administración federal para fortalecer el marco penal en materia de propiedad intelectual, alinearlo con compromisos del T-MEC y proteger a la ciudadanía frente al fraude con identidad gubernamental.
