La presidenta Claudia Sheinbaum presidió este lunes 29 de junio de 2026 la presentación formal de la convocatoria para la consulta nacional de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso legislativo de participación directa que abarcará a los 70 pueblos originarios reconocidos por el Estado mexicano y a las 17,738 comunidades inscritas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA). La iniciativa, elaborada a lo largo de año y medio por diversas dependencias del gobierno federal, es reglamentaria del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en 2024, que reconoce por primera vez la pluriculturalidad del país y a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La presentación estuvo encabezada por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, en compañía de representantes del Consejo Nacional Indígena.
Alcance y población objetivo
De acuerdo con los datos presentados por Regino Montes, 28.5 millones de personas en México se reconocen como parte de comunidades originarias, cifra que representa el 20.5% de la población nacional y que evidencia la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. La consulta se dirigirá a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano registrados en el CANAPIA, así como a sus comunidades.
Sheinbaum subrayó que el 20% de la población mexicana se reconoce como parte de pueblos originarios incluso después de 300 años de colonización y 200 años de vida independiente, lo que a su juicio es evidencia de la fortaleza de las identidades originarias como pilar de la identidad nacional. La presidenta sostuvo que el planteamiento del gobierno mexicano se enmarca en una visión que trasciende el eurocentrismo: “Si seguimos con esa visión de que hay seres superiores e inferiores en los seres humanos, si seguimos pensando en una visión eurocéntrica y no en la visión que viene desde antes, desde la identidad de México, vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo.”
Estructura del proceso de consulta
El proceso de consulta se articulará en cinco etapas formales con plazos definidos:
La primera etapa, de apertura formal, consistió en la firma de la convocatoria, concluida este 29 de junio de 2026. La segunda etapa, de carácter informativo, se extenderá del 1 de julio al 6 de agosto de 2026 y comprenderá la distribución de la iniciativa entre las 17,738 comunidades registradas. La tercera etapa, deliberativa, se desarrollará del 7 de agosto al 13 de septiembre de 2026 mediante 82 asambleas regionales de consulta y 7 mesas de trabajo particular, en las cuales cada comunidad deliberará conforme a sus propios sistemas normativos internos. La cuarta etapa, denominada “Estudio y Adecuación de la Iniciativa”, abarcará del 21 de septiembre al 11 de octubre de 2026 y estará dedicada al análisis e incorporación de las propuestas, recomendaciones y conclusiones emanadas del proceso deliberativo. La quinta y última etapa, la presentación de la iniciativa al Poder Legislativo, tendrá lugar el 12 de octubre de 2026.
Dependencias convocantes y observadores
La consulta es convocada formalmente por el INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Participan en el proceso un total de ocho instancias, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participa en calidad de observador.
Contenido sustantivo de la iniciativa
El objetivo central de la ley es promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público. Entre las disposiciones de mayor impacto estructural destaca la obligatoriedad jurídica del presupuesto directo a comunidades indígenas: bajo el marco normativo vigente, dicha transferencia depende de la voluntad del Ejecutivo en turno; con la nueva ley, todos los gobiernos quedarán jurídicamente obligados a realizarla, independientemente de su orientación política.
La iniciativa también incorpora de forma explícita los derechos de mujeres, niñas y adolescentes indígenas a la participación política, la posesión de la tierra y el goce de una vida libre de violencia, así como mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos.
Próximos pasos
El proceso de consulta dará inicio formal el 1 de julio de 2026. Una vez concluidas las cinco etapas, la iniciativa de ley se presentará al Congreso de la Unión el 12 de octubre de 2026, fecha simbólicamente relevante por su vínculo con la conmemoración del encuentro entre civilizaciones. El proceso constituye el ejercicio de consulta legislativa con pueblos originarios de mayor alcance documentado en la historia institucional del país.
