En México, los individuos que no son comerciantes no pueden acogerse a un proceso de bancarrota para cancelar sus deudas, ya que la figura legal conocida como Concurso Mercantil está restringida únicamente a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales.
El proceso legal para empresas
De acuerdo con la legislación vigente, el Concurso Mercantil es un procedimiento judicial federal que tiene por objetivo la reestructuración o la liquidación ordenada de las obligaciones de una compañía. Este proceso se divide en dos fases principales: una etapa de conciliación, donde se busca un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, y una etapa de quiebra, que se activa si la negociación fracasa y conlleva la venta de los bienes del deudor por un síndico para pagar a los acreedores.
Alternativas para deudores particulares
Para las personas físicas, como los asalariados, que acumulan deudas, las opciones legales son distintas. Los especialistas recomiendan buscar asesoría financiera y entablar negociaciones directas con los acreedores, las cuales pueden incluir quitas (descuentos en el monto total) o la reestructuración de los plazos de pago. Es importante considerar que el incumplimiento afecta el historial en el Buró de Crédito y puede limitar el acceso a financiamiento futuro, y que la venta de la deuda a un despacho de cobranza no extingue la obligación.
A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, México no cuenta con un mecanismo de bancarrota personal que permita a un individuo eliminar sus pasivos mediante una declaración judicial.
