La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) suscribieron un acuerdo de colaboración durante la LXIII Asamblea General Ordinaria de la FMOPDH en Querétaro, con el objetivo de robustecer la protección del derecho a la salud y mejorar los mecanismos de atención a quejas médicas.
Objetivos estratégicos de la alianza
El convenio se enfoca en dos líneas de acción principales: la capacitación en derechos humanos para el personal de salud y el establecimiento de un sistema operativo más eficiente para la recepción, canalización y solución de inconformidades relacionadas con la prestación de servicios médicos. Esta articulación busca fortalecer la respuesta institucional ante posibles vulneraciones de derechos.
La firma del documento estuvo a cargo de la Dra. Odet Sarabia González, comisionada nacional de Arbitraje Médico, y la Mtra. Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y de la FMOPDH. El evento también congregó a titulares de diversas comisiones estatales de derechos humanos, dotando al acuerdo de un alcance nacional.
Impacto en la gestión y la calidad asistencial
La relevancia del acuerdo radica en la unión de dos instancias con funciones complementarias: la CONAMED, especializada en la atención de controversias médicas, y los organismos de derechos humanos, dedicados a la defensa de garantías fundamentales. Esta colaboración pretende no solo mejorar la gestión de casos, sino también adoptar un enfoque preventivo.
Durante la presentación, se subrayó que el convenio representa un compromiso ético con la mejora de los servicios de salud y con ofrecer una respuesta más coordinada. Se enfatizó que la calidad de la atención médica debe ir de la mano con el respeto a principios de equidad, seguridad y trato digno.
Una visión institucional ampliada
La alianza proyecta una visión donde la defensa del derecho a la salud depende tanto de los marcos normativos como de la capacidad institucional para implementar mecanismos de respuesta efectivos. La coordinación anunciada busca acercar la protección de los derechos humanos a la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema de salud.
El verdadero impacto del acuerdo estará determinado por su implementación práctica, pero su formalización ya constituye una señal de fortalecimiento institucional en un ámbito de alta sensibilidad para la población mexicana.
