La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 4 de agosto un decreto para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México. El instrumento se sostiene en el artículo 6 constitucional y en el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La medida elimina la discrecionalidad administrativa y opera sobre cuatro ejes estratégicos. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó los alcances técnicos.
“Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente”, expresó la presidenta Sheinbaum.
Marco constitucional
El decreto se sustenta en el artículo 6, que consagra el principio de máxima publicidad, la publicidad de toda información de los tres poderes y órganos autónomos, y la reserva temporal únicamente por interés público y seguridad nacional.
Los cuatro ejes estratégicos
1. Contrataciones públicas: publicación mensual de todos los contratos con trazabilidad completa del gasto público.
2. Filiales de Pemex y CFE: informes ante agencias extranjeras, estados financieros consolidados, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos suscritos.
3. Fiscalización y auditorías: Programa Anual de Fiscalización, informe de auditorías, seguimiento de observaciones de órganos internos de control y padrón de despachos auditores externos.
4. Ámbito subnacional y otros poderes: invitación formal a estados, municipios, Legislativo y Judicial para sumarse al esquema.
Modificaciones a la PNT
La secretaria Buenrostro Sánchez detalló las mejoras operativas: estabilización del sistema, nuevas herramientas de descarga, formatos simplificados y contenidos actualizados con máximo 30 días hábiles para carga adicional.
Simplificación de las 17 reservas
Las 17 reservas de interés público se simplifican con tres principios: temporalidad (no permanente), versiones públicas obligatorias de partes desclasificables, y máxima publicidad como criterio interpretativo.
Fin de la discrecionalidad
El decreto establece que los servidores públicos ya no determinan discrecionalmente qué se publica. Existe un lineamiento específico de información obligatoria. Solo se reserva por procedimiento administrativo o judicial en curso o por seguridad nacional debidamente fundamentada.
Articulación con la Ley General de Transparencia
Las acciones se integran con las iniciativas que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal trabaja sobre la Ley General de Transparencia. La arquitectura combina decreto, ley y plataforma tecnológica.
Marco institucional
La coordinación involucra a Presidencia, Secretaría Anticorrupción, Consejería Jurídica, SHCP, Pemex, CFE y la Auditoría Superior de la Federación.
Perspectiva
Con la firma se abre una fase de integración operativa entre dependencias y las modificaciones legales en curso. La invitación a estados, municipios y otros poderes abre la posibilidad de expansión hacia un régimen nacional de transparencia con máxima publicidad como principio rector.
