La Fiscalía General de la República lleva a cabo una investigación por un presunto fraude por más de mil 230 millones de pesos, donde ex agentes de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal promovieron demandas laborales para obtener indemnizaciones a las que, según el ISSSTE, no tenían derecho. El instituto de seguridad social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje denunciaron seis laudos que ordenaron estos pagos a 880 ex funcionarios.
Irregularidades en la tramitación
Los procesos se iniciaron en 2021 ante la Junta Especial 42 de la JFCA en Torreón, Coahuila, a pesar de que los demandantes ya estaban sujetos a la nueva Ley del ISSSTE vigente desde 2007, la cual eliminó la indemnización global que reclamaban. Esta prestación, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba destinada a ex servidores sin derecho a pensión por jubilación, pero los ex agentes involucrados ya contaban con una cuenta Afore.
Una de las querellas señala que las demandas presentan irregularidades, al no detallar la fecha exacta de ingreso para determinar la antigüedad real. Además, se cuestiona la competencia territorial de la Junta Especial de Torreón para atender casos procedentes de diversos estados del país.
Defectos en el procedimiento y resolución
Otra anomalía identificada es que la Junta Especial admitió las demandas sin que los solicitantes especificaran su salario base, omitiendo el procedimiento que obliga a señalar este defecto y dar un plazo de tres días para su corrección. A pesar de este error de origen, los expedientes fueron radicados por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, en su calidad de secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, de dicha junta.
Los laudos fueron resueltos por Aarón David Carrillo Ochoa, como secretario de acuerdos, y Gerardo Alfonso Montellano Valdés, presidente de la Junta Especial. El laudo de mayor monto ordenó un pago de 950 millones 262 mil 29.25 pesos a favor de 678 ex servidores públicos, en su mayoría de las desaparecidas corporaciones federales.
Medidas para frenar el presunto fraude
Tras detectarse este posible fraude, la JFCA detuvo la ejecución y cobro de los laudos por parte de los ex agentes. Posteriormente, el 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42.
